La Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa ha revisado alrededor de 200 estudios y artículos publicados en los últimos años en Europa y países como Estados Unidos y Australia en los que se aborda la cuestión de la inclusión social de las personas con discapacidad y la relación que este proceso de inclusión tiene con el tipo de educación que han recibido. A partir de aquí, ha publicado un informe –que tiene una versión larga de 81 páginas, y una resumida de 16 disponible en español– donde concluye que las personas con discapacidad que reciben una educación inclusiva tienen más posibilidades de tener una vida más autónoma en los ámbitos social, laboral y familiar.

Esta agencia es un organismo independiente con sede en Dinamarca que recibe financiación de la Comisión Europea y que está formado por representantes gubernamentales de 31 países (que son todos los de la UE, menos Rumanía, además de Suiza, Noruega, Islandia y Serbia). La voluntad de informes como este es que los responsables de las políticas públicas de los diferentes países tengan más elementos de juicio a la hora de definirlas.

En concreto, el informe se ha querido fijar en todos los estudios que traten de dar respuesta a estos dos interrogantes. 1) ¿Qué relación existe entre la educación inclusiva y la inclusión social? 2) ¿Qué dicen las investigaciones actuales sobre el potencial que tiene la educación inclusiva como instrumento para promover la inclusión social?

La segregación escolar minimiza las oportunidades de inclusión social

“Las pruebas de las investigaciones aportadas en la revisión –se lee en el informe– sugieren que asistir a centros segregados minimiza las oportunidades de inclusión social tanto a corto plazo (durante el periodo en el que los niños con discapacidad van a la escuela) como a largo plazo (tras graduarse en centros de educación secundaria). El hecho de asistir a un centro especial se relaciona con bajas cualificaciones académicas y profesionales, trabajos en talleres protegidos, dependencia económica, menores oportunidades para llevar una vida independiente y escasas redes sociales tras la graduación”.

El informe se fija especialmente en la relación con el mundo laboral y con la vida en comunidad, y concluye que una educación inclusiva aumenta las probabilidades de la persona de encontrar una salida en el mercado laboral ordinario, ya sea con la modalidad de empleo con apoyo, un empleo abierto o incluso la actividad autónoma, mientras que la educación en un centro segregado conduce a un tipo de trabajo en un taller protegido, cosa que “probablemente contribuya más al aislamiento que a la inclusión social” de la persona con discapacidad.

Lo mismo sucede en el ámbito de la vida independiente. Una educación inclusiva “aumenta las oportunidades de llevar una vida independiente”, si bien esta no depende únicamente de este factor, sino que influyen también las políticas de bienestar social. El informe menciona que este impacto de la educación inclusiva sobre la capacidad de la persona de tener una vida independiente se debilita a medida que pasa el tiempo desde su graduación. Y dice también que los jóvenes con discapacidad que van a centros segregados “tienen menos probabilidades de crear amistades y redes sociales en su vida adulta”.

La participación es el aspecto clave de la educación inclusiva

Otro aspecto en el que también inciden las conclusiones presentadas por esta agencia es que el concepto de educación inclusiva no es equivalente a escolarización en un centro ordinario. Y pone mucho el énfasis en la participación como termómetro de la inclusión. “Las políticas que consideran la educación inclusiva como mera asignación en un centro escolar ordinario obstaculizan la participación del alumnado con discapacidad y, por lo tanto, no conducen a la inclusión social”, dice el informe. “Para que la educación inclusiva tenga impacto en la inclusión social es necesario garantizar, a través de las políticas y las prácticas, que el alumnado con discapacidad participe en igualdad de condiciones que el alumnado sin discapacidad en todos los aspectos del sistema escolar”, añade.

Entre las decenas de referencias citadas en la bibliografía sólo hay tres españolas. El estudio INCLUD-ED (Successful Educational Actions for Inclusion and Social Cohesion in Europe), coordinado por el catedrático de la UB Ramón Flecha en colaboración con varias otras universidades europeas y publicado en 2015 por Springer, y dos artículos publicados en las revistas International Journal of Inclusive Education y Journal of Intellectual and Developmental Disability por las profesoras de la Universidad de Girona Maria Pallisera, Judit Fullana y Montserrat Vila.

Fuente: Víctor Saura, El Diario de la Educación (España)